XXV años del cierre de la presa de Riaño
XXV años del cierre de la presa de Riaño XXV años del cierre de la presa de Riaño

De la tensión a la resignación en siete meses

El 10 de diciembre de 1986 entraron por primera vez las máquinas en el pueblo de Riaño

Sonia Andrino

08/05/2012

Canal FormaciónEmpezaba el último mes del año 1986 y la tranquilidad en el pueblo de Riaño se tornaba expectación. No había anuncio oficial, aunque las primeras cartas invitando al desalojo habían comenzado a llegar el 10 de marzo de ese mismo año y apuntaban un plazo de dos meses, hasta el 10 de mayo, para abandonar definitivamente el pueblo. Los vecinos pensaron que podría ser una advertencia más, sin mayores consecuencias, aunque no disimulaban que quizá, en esta ocasión, la amenaza tantos años escuchada, se pudiera hacer realidad. Ese frío mes de diciembre empezaron a ver que las máquinas se acercaban a la zona y sabían que la Guardia Civil podría llegar en cualquier momento. Se había puesto fecha a los rumores. El 10 de diciembre de 1986, a las siete de la mañana, se inició el desalojo y el derribo de las casas que ocupaban el lugar en el que se asentarían los pilares del viaducto que iba a cruzar el valle cuando se inundara con el agua del Esla. Era la primera fase de un derribo anunciado.


De poco sirvieron las reivindicaciones conjuntas de los 44 grupos de ecologistas de diversas provincias que acordaron pedir a la Administración la revisión del proyecto del embalse de Riaño por considerar que con la destrucción de la comarca se perdería para siempre un «interesantísimo patrimonio paisajístico, natural, histórico, cultural y etnográfico».


Con ese argumento se encararon algunos jóvenes, pocos, con los efectivos de las dos compañías de la Guardia Civil procedentes de Madrid y otros miembros de la Compañía de la Reserva de León, intentando disuadirles de su mandato. Tenían la obligación de acordonar el primer barrio del pueblo que se convertiría en escombro y evitar todo tipo de altercados. Durante ese primer día del derrumbe hubo algún problema pero sin mayor trascendencia


Canal Formación«Los servicios del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo tiraron ayer tres casas de la localidad leonesa de Riaño. Sin incidentes dignos de mención, Riaño conoció la piqueta. A las siete de la mañana se despertó un pueblo tomado literalmente por tres compañías de la Guardia Civil. Horas más tarde, tenía algunas casas menos y detenidos cinco de sus defensores: la incertidumbre de las últimas semanas sobre cuándo y cómo Riaño comenzaría a desaparecer del mapa se despejó y, afortunadamente, sin incidentes graves, cuestión que no podía asegurarse horas antes de la intervención policial».


Diez días después


Así resumía el enviado especial de El Norte de Castilla, Miguel Ángel Rodríguez, la primera jornada de un derribo que se paralizaría diez días después como consecuencia de una orden judicial dictada por el juez de Cistierna, Teodoro González, y secundada después por la Administración.


Era miércoles cuando las máquinas entraron por primera vez en la localidad leonesa y solo dos días después, el viernes 12 de diciembre, cinco vecinos presentaron un interdicto ante el citado juzgado apuntando a una posible ilegalidad en el derrumbe de sus viviendas. Otros se fueron sumando después y, al final, el titular del juzgado de Cistierna decretó, cinco días después de haber comenzado, la paralización de los derribos de esas viviendas. Después el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, cuyo titular era entonces Emilio Villar, secundó la medida advirtiendo, no obstante, de que los derrumbes se reanudarían una vez que pasaran las Navidades.


Canal FormaciónEl año nuevo comenzó con visitas a los juzgados por parte de los vecinos a los que se estaba tomando declaración por los interdictos presentados. Su representante, Sáez de Buruaga, presentó además una querella criminal contra la actuación de la Guardia Civil durante el primer día que llegaron las máquinas pero tampoco trascendió mucho más.

Los que sí que se resolvieron fueron los procesos judiciales de los 35 vecinos de Riaño que tuvieron que aceptar la sentencia desestimatoria dictada por el juez González y firmada el 6 de febrero de 1987. El titular del juzgado alegaba «inadecuación de procedimiento» por entender que no se podía utilizar la figura legal del interdicto cuando las obras que se realizan se llevaban a cabo en terrenos de dominio público al haber sido expropiados e indemnizados los terrenos previamente. Y es que los que presentaron esos escritos ante el juez habían cobrado previamente indemnizaciones de varios millones de pesetas por los terrenos que les habían expropiado pero que no habían abandonado.


Canal FormaciónCon esta decisión judicial se abría la puerta a una vuelta totalmente imprevista para los inicialmente demandantes porque existía la posibilidad de que la Administración central pudiera pedir daños y perjuicios a los riañeses por entorpecer las obras del pantano. Sin embargo, la única reacción que hubo al respecto fue el destrozo de material de oficina y la quema de expedientes que algunos desconocidos protagonizaron en las instalaciones de los juzgados días después de conocerse la sentencia.


Durante los meses siguientes, y a pesar de la resignación de que las máquinas, que ya habían empezado a trabajar una vez, pudieran no tardar mucho en hacerlo de nuevo, el pueblo de Riaño vivió todavía algunos incidentes más. Se quemaron las retroexcavadoras que aguardaban en una nave y cuyas pérdidas ascendieron a 120 millones de pesetas, y se recurrieron ante la Audiencia Provincial las resoluciones del magistrado local. Aun así, la instancia superior también resolvió a favor de la Administración y el pueblo se preparó para lo peor.


A finales del mes de junio, y después de que el 28 de mayo se levantara la supresión cautelar de los derribos, la Confederación Hidrográfica del Duero advirtió a través de una circular remitida a las localidades afectadas, de la decisión de continuar con los desalojos en el pueblo aunque no se especificaban fechas concretas.


No tardaron en saberse. En la mañana del 7 de julio, el día de San Fermín, las máquinas entraron de nuevo en Riaño. Y esta vez para quedarse.

 

Canal FormaciónGuillermo Hernández alcalde de Riaño entre 1983-1987
«No me quitaron el sueño los que dijeron que vendí el pueblo»

«Yo nací en Riaño y allí, bajo el agua están mis raíces», dice el que fuera alcalde entre 1983 y 1987. Fue el mandato del desalojo y el derribo, sobre todo los dos últimos años a pesar de que a partir de la muerte de Franco los vecinos pensaran que al final no se tendrían que marchar. Pero no fue así.

-¿Cómo les dijeron que era la última advertencia?

-No hubo ningún aviso. Se reanudaron las obras de las carreteras, las del cierre de la presa y las de la construcción del viaducto. Así fue. Éramos conscientes de que estábamos ocupando unos inmuebles y unas tierras que pertenecían al Estado y que no éramos los propietarios.

-¿Tuvo que convencer a los vecinos para que se fueran?

-Fue duro. En un principio hicimos lo que pudimos, nos manifestamos en contra y ofrecimos alternativas pero, llegado el momento nos dimos cuenta de que no íbamos a llegar a ninguna parte. Teníamos la responsabilidad de pensar en los vecinos que iban a salir del pueblo y por eso trabajábamos en esa dirección. Mantuvimos una reunión con el ministro y le planteamos unas necesidades para cuando tuvieran que salir.

-Pero se fueron sumando más personas en contra del cierre...

-Aquí aparecieron los salvadores de la patria, como siempre. IU, con Gerardo Iglesias; los verdes, que nunca más se supo de ninguno por cierto, e ilusionaron a una parte de la población. Lo único que provocaron fue un enfrentamiento entre una parte que asumía que la obra se iba a realizar y otra parte ilusa que pensaba que no.
-A usted le acusaron de vender el pueblo, ¿cuántas noches pasó sin dormir?

-Tengo que confesar que ninguna. Tenía la conciencia tranquila. Me preocupaba la gente que teníamos que salir. Pero acusaciones de haber vendido al pueblo o cosas así… cada uno había vendido lo que tenía.


 
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