El primer año de la ley contra el tabaco termina con menos consumo

La nueva norma reduce el tabaquismo en un 3% pero su cumplimiento fracasa en los locales públicos

A. Corbillón / Valladolid

El primer objetivo del año cero de la lucha contra el tabaquismo parece cumplido. Ayer mismo, el último barómetro del CIS señalaba que el porcentaje de personas que fuman en España se ha reducido de un 25% a un 23%. Además, en el grupo de fumadores hay un 66,2% de personas que afirman que les gustaría dejarlo y la demanda de terapias de deshabituación se ha duplicado. Sin embargo, seis de cada diez españoles no se creen que haya menos consumo, según el mismo estudio.

El descenso registrado en el número de consumidores en apenas un año coincide con las estimaciones efectuadas por los médicos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. A pesar de la ‘guerra de precios’ de las multinacionales tabaqueras, con agresivas campañas de abaratamiento de determinadas marcas, la caída de las ventas se ha situado en porcentajes similares (en torno al 3%), aunque ha repuntado en los últimos meses.

La drástica Ley Antitabaco que entró en vigor el 1 de enero pasado ha logrado además ‘oxigenar’ los ambientes laborales en porcentajes espectaculares, lo que demuestra hasta qué punto había llegado la convivencia con esta forma de contaminación. En apenas un año, los niveles de nicotina han caído un 82%. Los médicos ya anticipan que los informes sobre infartos y enfermedades asociadas al tabaquismo (en especial el cáncer de pulmón) irán en concordancia con esta evolución.

Pero ¿son todo buenas noticias? Frente a una ciudadanía que se ha adaptado a la norma sin grandes conflictos, las administraciones y los sectores industriales más afectados, en especial la hostelería, han escenificado enfrentamientos que parecen haber arrinconado datos tan contundentes como la cifra de muertos por tabaquismo pasivo: más de seis mil cada año en el país (1.200 en el entorno laboral). Además, ese 60% dispuesto a dejar de fumar no ha encontrado grandes apoyos, ni públicos ni privados, lo que daría la razón a los que creen que se ha pensado más en el castigo que en la redención del fumador.
Además, a las campañas de concienciación social, el Ministerio de Sanidad tuvo que emplearse a fondo para responder a los recursos aprobados por varias comunidades autónomas gobernadas por el PP (Valencia, La Rioja, Castilla y León y Madrid), que matizaban y ‘descafeinaban’ los objetivos del Gobierno con su ley.

Que hablen los jueces
Mientras algunos se han quedado por el camino, el que más ataca la línea de flotación es el de la Comunidad de Madrid (luz verde para fumar en comedores de los centros públicos, mayor flexibilidad en los restaurantes....). La petición del Gobierno para que se suspenda cautelarmente la normativa de Esperanza Aguirre ha sido rechazada por los jueces, que ahora deberán pronunciarse.

El plazo dado por el Gobierno para que los hosteleros adecúen los locales de más de cien metros cuadrados a la normativa antitabaco –que obliga a disponer de una zona para fumadores diferenciada de los no fumadores– finalizó en septiembre. Aquí tampoco se cumplieron los agoreros vaticinios, marcados por el interés comercial, de los dueños. Las reformas, mamparas y diferenciación de espacios apenas se han producido. Comunidades como Castilla y León han anunciado una ‘manga ancha’ durante los primeros meses de aplicación de una ley que prevé fuertes multas para los que no la cumplan. Lo que no está claro es cuando empezará la verdadera ‘caza’ a los infractores.