| La
‘cuarta pata’ del Estado del Bienestar
La Ley de Dependencia convierte a las administraciones
en garantes de la atención a los enfermos y discapacitados
A. Prádanos. Colpisa/Madrid
LEYES
Y ACUERDOS |
- 3 de marzo: El Gobierno
aprueba la Ley de la Igualdad.
- 6 de mayo: El Congreso aprueba la.
Ley Orgánica de la Educación.
- 7 de julio: El Gobierno da el visto
bueno al Proyecto de Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
- 13 de julio: Gobierno, sindicatos y
patronal firman la reforma del sistema de pensiones.
- 28 de julio: El Ejecutivo aprueba el
Proyecto de Ley de Recuperación de la Memoria Histórica
de las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
- 1 de septiembre: Visto bueno al Proyecto
de Ley de Reforma de las Universidades.
- 22 de septiembre: Acuerdo para la financiación
de la Iglesia.
- 5 de octubre: El Congreso aprueba el
Proyecto de Ley de la Dependencia.
- 23 de noviembre: La cámara baja
da el visto bueno al Proyecto de Ley de Responsabilidad
Penal del Menor. |
Pasó por el Parlamento como uno de tantos proyectos
remitidos por el Gobierno, pero no es una norma cualquiera.
Es ‘la Ley’ con mayúsculas de esta legislatura
y de varias más. Ninguna otra tiene un alcance tan
universal. Sus destinatarios iniciales son 1,2 millones de
dependientes –enfermos, discapacitados, ancianos...–,
pero sus beneficiarios seremos todos, antes o después.
Es a esta década lo que en su día fue la creación
del Sistema Nacional de Salud, la enseñanza pública
gratuita y las pensiones, las otras tres patas del Estado
del bienestar. Palabras mayores.
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) se implantará poco a poco, entre el 2007 y el
2015. No será la panacea ni satisfará todas
las expectativas, pero lo que hay ahora es nada. En el 90%
de los casos, son las familias o el propio afectado quienes
se procuran como pueden los cuidados que este necesita.
A partir de ahora, el Estado y todas sus administraciones
son garantes del nuevo derecho ciudadano. Cada español
podrá reclamar asistencia por edad, discapacidad o
enfermedad. Ayuda domiciliaria, centros de día, de
noche, teleasistencia, residencias, cuidadores... Cada comunidad
se encargará de evaluar a cada peticionario, los servicios
a que tiene derecho y la parte de la factura que le toca pagar.
Solo con el copago del usuario –podría ser el
30% del coste de las prestaciones, de media– será
sostenible un sistema que a partir de 2015, una vez a pleno
rendimiento, costará como poco 9.500 millones de euros
anuales, el 1% del PIB. En la primera mitad del 2007 se erigirán
los cimientos del sistema y los primeros en ser atendidos
serán más de 200.000 grandes dependientes.
Al Ejecutivo central le toca poner dinero (12.500 millones
de euros) y garantizar que la atención básica
sea igual en todo el territorio. A las autonomías,
aportar más fondos (otros 12.500 millones) y la gestión
directa de los servicios previstos en la ley en sus respectivos
territorios.
Una vez garantizados los mínimos iguales para todo
el Estado, cada comunidad podrá añadir nuevos
servicios para sus ciudadanos. Las más rezagadas deberán
hacer un esfuerzo suplementario para arrancar y requerirán,
presumiblemente, un empujón financiero especial del
Gobierno.
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