La justicia desmantela la mayor trama de
corrupción urbanística descubierta en España
y
encarcela a dos ex alcaldes y una veintena de ex concejales
de la localidad malagueña
J. C. L./Valladolid
Roca, ex asesor de Urbanismo
en Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción,
es conducido a un furgón de la Guardia Civil. /
efe
Durante el 2006 empezó a dejarse ver en los juzgados
lo que parece ser la punta del iceberg de la corrupción
urbanística que había campado a sus anchas durante
los últimos años en varios municipios españoles.
El primer gran caso, después de años de rumores,
y paradigma de la especulación urbanística e
inmobiliaria fraudulenta se destapó en el Ayuntamiento
de Marbella (Málaga).
El 29 de marzo se daba el primer aldabonazo. La alcaldesa,
Marisol Yagüe (del Grupo Independiente Liberal, GIL),
y el asesor de Urbanismo y cerebro de todo el entramado, Juan
Antonio Roca, fueron detenidos junto a otras 21 personas –algunas
en Madrid y Murcia– en una amplia operación contra
la corrupción en el consistorio marbellí que
se dio en denominar ‘caso Malaya’ y que les condujo
a la prisión de Alhaurín de la Torre. Entre
ellos también el jefe de la Policía Local de
Marbella, Rafael del Pozo, y, días después,
la primera teniente de alcalde, la ex socialista Isabel García
Marcos.
Las primeras pistas habían aparecido merced a unas
escuchas telefónicas autorizadas por el juez Miguel
Ángel Torres para desarticular la mayor red de blanqueo
de dinero del narcotráfico que actuaba en España
–las investigaciones del ‘caso Ballena Blanca’–.
Algunas de las conversaciones grabadas por la policía
pusieron sobre aviso a los investigado- res sobre la existencia
de un complejo entramado societario que podría ocultar
numerosas actividades delictivas.
La ex alcaldesa Marisol
Yagüe (arriba) y la ex teniente de alcalde Isabel
García Marcos, tras salir de prisión. /
r. díaz-efe
Según ese juez, Roca era el responsable de una organización
dedicada al blanqueo de beneficios ilícitos para mantener
oculto su patrimonio de miles de millones de euros obtenidos
durante años en Marbella. Para ello utilizaba un complejo
entramado societario y de testaferros. Unas 120 sociedades
instrumentales eran utilizadas por el asesor de Urbanismo
para administrar el patrimonio que le fue incautado en la
operación. «No se podía realizar ningún
trámite importante en el Ayuntamiento de Marbella sin
pagar antes a Roca o a alguno de los concejales», resumió
el instructor del caso.
Repartir los huevos
La policía, por orden judicial, bloqueó más
de un millar de cuentas bancarias –algunas en el extranjero–
que servían de infraestructura a esta maquinaria de
lavar dinero, efectuó innumerables registros y se incautó
de dinero en efectivo y de bienes –entre ellos cuadros
y caballos– por valor de unos 2.400 millones de euros.
La recalificación de terrenos, la concesión
de licencias, la puesta en marcha de subastas y concursos
públicos amañados para favorecer a empresarios
amigos a cambio de millonarias comisiones y regalos eran el
origen de la corrupción.
Y como en el manual del blanqueo de capitales es una máxima
distribuir los huevos en distintos cestos para no quemar a
la gallina, los beneficios quedaban repartidos, en mayor o
menor medida, entre los gobernantes del municipios y sus afines
y algunos funcionarios. Según un informe de la Udyco
de la Policía y de la Agencia Tributaria, los concejales
de Marbella se habrían repartido más de 20 millones
de euros.
En resumen, dos direcciones: De una parte, la corruptela política
y sus tentáculos empresariales, concretados en los
delitos de cohecho, maquinación para la alteración
de precios, malversación, prevaricación o tráfico
de influencias. Y, de otra, la manera en la que se cristalizaban
las ganancias ilícitamente obtenidas: el blanqueo de
capitales.
Ante la gravedad del caso, en abril el Consejo de Ministros,
por primera vez en la historia de la democracia, disolvió
un consistorio, el marbellí, elegido en las urnas,
a requerimiento de la Junta de la Junta de Andalucía,
que nombró una gestora presidida por el abogado Diego
Martín Reyes.
El hilo de la madeja y la montaña de documentos de
la investigación condujo a nuevas fases de la ‘operación
Malaya’. A finales de junio, el juez ordenó la
detención de 30 personas, entre ellas 13 ex concejales
de Marbella (todos del GIL) y otros tantos constructores y
promotores, en un operativo que se desarrolló en Málaga,
Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Navarra.
Julián Muñoz
A mediados de julio la operación daba otro salto y
alcanzó a Julián Muñoz, alcalde del municipio
entre mayo del 2002 y agosto del 2003. El que fue ‘mano
derecha’ de Jesús Gil, y sobre el que ya pesan
algunas condenas por corrupción urbanística,
fue detenido y encarcelado acusado de cohecho y malversación
de caudales públicos por haber aceptado, mientras estaba
al frente del consistorio, cuantiosos sobornos pagados de
la ‘caja’ del cerebro de la trama, Juan Antonio
Roca, a cambio de recalificaciones, licencias y otras prebendas.
Junto al ex primer edil, fueron detenidos un ex concejal del
Partido Andalucista y los tres principales directivos de la
empresa Aifos, una de las más importantes de la Costa
del Sol, por cobrar y pagar comisiones.
Julián Muñoz,
a la salida de los juzgados tras ir a declarar. / Efe
Según el informe fiscal, en los dos años en
que Muñoz fue presidente de la corporación marbellí
se causó un perjuicio de al menos 136 millones de euros
a las arcas de la localidad dilapidando el patrimonio municipal,
malvendiendo propiedades y recalificando fuera de todo control
en beneficio de intereses particulares.
La hasta ahora tercera fase del operativo se desarrolló
en noviembre, cuando fueron detenidas doce personas, entre
ellas Maite Zaldívar, ex mujer de Muñoz, un
hermano y una de sus hijas.
Al cierre del año, casi todos los imputados –más
de ochenta entre ex alcaldes, ex concejales, funcionarios,
empresarios y abogados– estaban en libertad con cargos,
la mayoría previo pago de fuertes fianzas. Quedaban
entre rejas el muñidor de toda la trama, Juan Antonio
Roca, y el ex alcalde Julián Muñoz.
La ‘operación Malaya’ ha desvelado el amplio
calado del aparato político y de la trama empresarial
como una verdadera estructura de corrupción mediante
el instrumento del urbanismo. La respuesta judicial solo era
cuestión de tiempo.
