| La
‘operación Faycán’ destapa la trama
corrupta del Ayuntamiento de Telde
J. C. L./Valladolid
El alcalde y otros ocho concejales del PP en el Ayuntamiento
de Telde (Gran Canaria), técnicos y funcionarios municipales
y familiares de algunos de los anteriores fueron detenidos
a lo largo del 2006 acusados de corrupción, por el
cobro de comisiones ilegales a empresarios locales a cambio
de la adjudicación de obras y servicios del consistorio.
El investigación del conocido como ‘caso Faycán’
se inició en el verano del 2005 tras una denuncia presentada
por el representante legal de una empresa de Telde, quien
declaró que la concejala de Obras Públicas le
exigió pagar una comisión del 20% del presupuesto
de la obra a cuya adjudicación aspiraba en concurso
público. Durante sus pesquisas, los expertos descubrieron
otras irregularidades en la actuación de los munícipes.
Así, como un castillo de naipes fueron cayendo detenidos
por orden judicial la citada concejala de Obras Públicas
y Contratación, Antonia Torres –imputada por
cohecho, prevaricación, tráfico de influencias
y maquinación para alterar el precio de las cosas–,
su marido e interventor municipal, Enrique Orts, y su hija,
acusada de blanqueo de capitales. Le siguieron el alcalde
Francisco Valido y todos los demás concejales del equipo
de gobierno de Telde, acusados de cohecho, en la mayoría
de los casos, y malversación de caudales públicos
y prevaricación. Hasta un total de 25 personas hay
imputadas en el caso, algunas de las cuales tuvieron que pagar
fuertes fianzas para salir de la cárcel o eludir entrar
en ella.
El escándalo llevó a dimitir al regidor –fue
sustituido por el único concejal del PP no imputado
en la trama– y todo su equipo de gobierno. El partido
suspendió a todos ellos de militancia y les abrió
expediente de expulsión.
La declaración de uno de los detenidos, un asesor municipal,
afirmando que aceptó «donativos» para el
PP llevó a la imputación del presidente de ese
partido en Telde, José Luis Sánchez González,
que quedó en libertad bajo fianza acusado de malversación
de caudales públicos.
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