Un
juez abre una investigación por todas las recalificaciones
de Arroyo
En las diligencias se indaga también
el patrimonio de los ediles y se incoaron al conocerse los
vínculos entre el alcalde del PP y una apoderada de
Mahía
J. Moreno/ Valladolid
Promoción de viviendas
en el sector SAU 13 de la avenida de Salamanca construidas
por la promotora gallega Mahía. / Gabriel Villamil
El magistrado de Instrucción número 1 de Valladolid,
José María Crespo, decidió abrir diligencias
previas a mediados del mes de mayo del 2006 después
de que El Norte de Castilla publicase el 13 de mayo una información
donde se recogían los vínculos laborales que
había mantenido el alcalde de Arroyo de la Encomienda,
José Manuel Méndez (PP), con María Iluminada
Miguel Fernández, apoderada de la constructora gallega
Mahía.
Esta representante de la promotora fue empleada de Recreativos
Dema, la sociedad que Méndez fundó junto con
otros dos socios a mediados de los años 90 y con la
que operaba en el mercado de las máquinas tragaperras.
En junio del 2005, el regidor suscribió un convenio
urbanístico con María Iluminada Miguel por el
que el Consistorio de Arroyo recalificaba el sector SAU 9
de uso industrial, propiedad de Mahía, para autorizar
la construcción de 2.984 viviendas.
El alcalde defendió ante el Pleno el acuerdo con la
constructora afirmando que con el fondo que aportaba la misma
(13,8 millones de euros) el Ayuntamiento «podía
destinar ese dinero para el sostenimiento del municipio y
futuras inversiones».
La oposición calificó de ‘pelotazo’
de 180 millones de euros para Mahía este cambio de
uso a residencial, y censuró que el regidor abandonase
los planes que anunció cuando llegó a la Alcaldía
para dedicar el solar a la instalación de 120 pequeñas
y medianas empresas. Después de conocerse este convenio,
la Junta decidió no autorizar la recalificación
argumentando la necesidad de terrenos para uso industrial
en las cercanías a la capital vallisoletana.
Patrimonio de ediles
Las investigaciones del Juzgado se han ampliado además
al origen del patrimonio de miembros de la Corporación
y de sociedades de participadas por el Ayuntamiento. En concreto,
el magistrado comenzó a pedir a partir de junio del
2006 informes a los registros de las propiedad de cargos como
el edil de Obras, Javier Cruz Sánchez, que reconoció
ser dueño de cinco viviendas, dos de ellas de protección
oficial, y otras dos compradas a Mahía en febrero y
agosto del 2005.
JÓSÉ MANUEL
MÉNDEZ ALCALDE DE ARROYO «María trabajó
para mí, pero ahora está en otra empresa»
Tras conocerse que la apoderada de Mahía,
María Iluminada Miguel, había trabajado
en la empresa de Méndez, entre 1997 y el 2002,
el alcalde de Arroyo rechazó cualquier incompatibilidad
a la hora de firmar el convenio urbanístico que
autorizaba los 2.984 pisos.
«María ha trabajado para Dema pero nunca
fue mi secretaria. Esta circunstancia no tiene nada
que ver porque ella ahora trabaja para otra empresa»,
dijo Méndez. El 31 de mayo este diario informó
que Iluminada Miguel firmó en el 2004 la venta
de un piso de Mahía para José Manuel Méndez
en Villagarcía de Arosa por 79.000 euros.
JAVIER CRUZ EX CONCEJAL
DE OBRAS «Pago las hipotecas de mis
pisos con los alquileres»
El 16 de mayo del 2006, el concejal
de Obras de Arroyo, Javier Cruz, reconoció en rueda
de prensa que era dueño de cinco viviendas, dos
de ellas de protección oficial, y otra un chalé
en el que vivía. Cruz, de 44 años, aseguró
que su patrimonio inmobiliario lo había obtenido
porque «me he arriesgado», y que pagaba las
cuatro hipotecas con el dinero de los alquileres.
En agosto pasado la Junta decidió multarle con
6.500 euros por no residir en ninguno de los pisos de
VPO que tiene en La Flecha. Días después
dimitió de su cargo y no regresó a la fábrica
donde estuvo empleado 18 años.
RAUL DE LA HOZ EX SECRETARIO
DE EMUVA «Nadie me ha presionado
para que dimitiese de Emuva»
En septiembre del 2006, Raúl de
la Hoz, secretario regional de Organización y
procurador del PP, dimitió de su cargo como secretario
del consejo de administración de Emuva, la empresa
municipal de suelo y servicios presidida por el alcalde
de Arroyo, y a través de la cual se contratan
las obras de infraestructuras por importe de decenas
de millones de euros. De la Hoz, que sigue siendo letrado
asesor contratado por el Consistorio, justificó
su salida de Emuva por considerar que las informaciones
«están haciendo daño a mis padres.
Nadie me ha presionado para que dimitiese», insistió.