REGIÓN

EDUCACIÓN

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POLÍTICA

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· Castilla y León tiene el 5,3% de los investigadores españoles, 5.786 [>>]

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URBANISMO Y TRIBUNALES

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· La CHD rechaza 7.500 viviendas en un pueblo cercano a Arévalo [>>]

 

 

El Estatuto que culminó con el año

Las Cortes aprobaron en noviembre una reforma estatutaria, tras casi año y medio de
negociación, que reclama la gestión del Duero y que espera la aprobación del Congreso

S. E./ Valladolid

De Santiago, Herrera y Villalba, en la reunión en la que se cerró el acuerdo sobre el Estatuto. / H. Sastre
El proyecto llega a Madrid tras Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Canarias [>>]

Populares y socialistas de Castilla y León culminaron el 29 de noviembre pasado la tercera reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Una norma poco conocida para la inmensa mayoría de los ciudadanos de la región, pero sobre la que se sustenta la condición de comunidad autónoma de Castilla y León y permite al Gobierno regional ejercer competencias tan sensibles como la asistencia sanitaria o la educación y reivindicar otras.

Este será el caso de la gestión del río Duero, a la que aspira la Junta «sin perjuicio de la planificación hidrológica de competencia del Estado», una vez que el texto consensuado por PP y PSOE en Castilla y León supere el último filtro, el del Congreso de los Diputados, previsiblemente en la segunda mitad del año entrante. La reclamación no es nueva. En la anterior reforma fue echada para atrás en Madrid.

La tutela de las aguas del Duero, cuya cuenca se superpone como una mancha por prácticamente la totalidad del mapa de Castilla y León, es la reivindicación señera de una reforma que incluye una amplia carta de derechos y deberes de los castellanos y leoneses. Unos derechos y deberes a los que se incorporan los inmigrantes que residen legalmente en la comunidad en plano igualdad con los autóctonos.

La reforma que acaba de salir de horno en Castilla y León es fruto casi año y medio de trabajo, con sonados desencuentros, como el ocurrido a primeros de año cuando el PP decidió recortar la financiación de los grupos parlamentarios, poniendo en jaque varias nóminas de parlamentarios socialistas. Finalmente la aguas volvieron a su cauce, la situación económica se recondujo, y PSOE y PP culminaron la empresa mano a mano, como no podría ser de otra manera, puesto que la mayoría necesaria para sacar adelante un Estatuto hace imprescindible el concurso de las dos fuerzas mayoritarias.

El nuevo Estatuto es un proyecto para el que se ha escuchado a la sociedad. Por el despacho del presidente de la Junta primero, y por las Cortes después, han pasado responsables de instituciones, sindicatos, empresarios, asociaciones agrarias y de desarrollo rural, entre otras.

La definición más escuchada por boca del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre el texto de Castilla y León es que es «rabiosamente constitucional». Una apreciación que determina una característica propia del Estatuto castellano y leonés, pero que también establece una comparación con las reivindicaciones, sobre todo económicas, que se han incluido en otros textos, caso del catalán.

Entre las novedades que presenta esta tercera reforma, además del Duero y los derechos y deberes de los castellanos y leoneses, destaca la posibilidad que tendrá la comunidad de contar con un organismo que haga las veces de Agencia Tributaria autonómica.

Cuestión leonesa
El texto que espera turno en el Congreso de los Diputados aborda la cuestión leonesa, reconociendo la importancia histórica de Reino de León y también del ‘lleunés’ como lengua. Unas aportaciones que no han servido para neutralizar las reivindicaciones leonesas, hasta el punto de que los líderes regionales del PP y el PSOE han visto con disgusto cómo su concejales y diputados en el Ayuntamiento y la Diputación de León se abstenían para que saliera adelante una moción que reclamaba que el Estatuto contemplara la posibilidad de segregación.

En terreno de los símbolos de identidad regional, el texto hace mención a la fiesta del 23 de abril, que conmemora la revuelta comunera, pero los redactores han eludido reflejar en el Estatuto la capitalidad de Valladolid.

Ahora el Estatuto está pendiente de lo que digan en Madrid. Herrera aprovechó la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a la sede de la Junta, en septiembre, para pedirle que fuera su «principal valedor» en la capital de España. El leonés alabó el trabajo hecho en Castilla y León, pero se echó en falta un sí más rotundo, como el dado en su día, por ejemplo, al catalán.