El proyecto llega a Madrid tras Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Canarias

S. E./ Valladolid

El Congreso de los Diputados comienza a sentir los efectos de la fiebre de reformas estatutarias que aqueja al territorio nacional. El último en llegar a la Carrera de San Jerónimo fue el 5 de diciembre el de Castilla y León. A esas alturas ya se había aprobado el nuevo Estatuto de Valencia y también el de Cataluña y el andaluz estaba en el Senado tras el visto bueno de los diputados. Antes de que la Comisión Constitucional del Congreso aborde el castellano y leonés, sus señorías deberán haber dado trámite a los de Baleares, Aragón y Canarias.

Salvo en el caso catalán, con los recursos ante el Tribunal Constitucional por parte del PP, en el resto de los Estatuto se ha forjado finalmente el consenso entre populares y socialistas.

Dos tendencias marcan las reformas estatutarias: la de reservarse una parte de la inversión estatal, como han hecho Cataluña y Andalucía ante el disgusto de comunidades como Castilla y León, y las reivindicaciones hidrológicas de distinto calado sobre el Guadalquivir, el Tajo el Ebro o el Duero.