Resumen de las noticias del 2006

Los tribunales de justicia fueron a lo largo del 2006 los protagonistas en materia de urbanismo después de decretar mediante dos resoluciones judiciales la paralización de una macrourbanización de 1.600 chalés, prevista en el municipio abulense de Las Navas del Marqués.

Una decisión que no logró, sin embargo, frenar a comienzos de octubre la tala de unos tres mil pinos que se encontraban en el solar que un promotor alicantino había comprado a una sociedad pública, Montes de las Navas, en la que participaban tanto la Junta como la Diputación de Ávila.
El 29 de septiembre del 2006 la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Burgos, declaró nula la recalificación del solar que promovio el Ayuntamiento de Las Navas, en donde se permitía la edificación de 1.600 viviendas unifamiliares, dos campos de golf y un complejo hotelero para 500 plazas.
Los tres magistrados basaron su decisión en los informes medioambientales que consideraban ese pinar como habitat natural de especies protegidas, como la cigüeña negra o el águila imperial.

Aunque el promotor Francisco Gómez optó días después por comenzar la corta, el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez (PP), decidió paralizar la misma ante la creciente protesta de grupos de vecinos y ecologistas, que se concentraron el 14 de octubre en el municipio reclamando la intervención de la Fiscalía General del Estado.

La polémica urbanización sirvió de excusa para que la Junta y la oposición se enfrentasen con acusaciones de especulación urbanística o de freno al desarrollo de zonas rurales de la comunidad.

Mientras el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, afirmaba que la sentencia del TSJ «era un riesgo para mil pueblos de Castilla y León», el PSOE sacó a la luz la participación del ex presidente de la Diputación de Ávila, y hoy secretario de Organización nacional del PP, Sebastián González, como una de las personas que participaron en la constitución de la sociedad Montes de las Navas en el 2002, empresa que compró los terrenos a la Unión Resinera Española (URE) para luego venderlos al promotor alicantino Francisco Gómez, conocido como ‘el Paloma’. Este insistió en haber ‘jugado limpio’ en la subasta pública que convocaron las tres administraciones dueñas de las 215 hectáreas, y cuyo precio salió a unos cinco euros por metro cuadrado.

Concentración de vecinos de Las Navas y ecologistas. / J. R. Sebastián

La escritura de compraventa, formalizada en agosto del 2002, establecía como condición para la compra que se consumase la recalificación de terreno rústico protegido a urbano, con el objetivo construir segundas residencias a 84 kilómetros de Madrid.

En la venta no se recogía mención alguna de que el solar estaba situado en una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA).

A las Cortes regionales
La polémica urbanística llegó al parlamento de Castilla y León a finales de diciembre, donde el Grupo Popular rechazó la petición socialista de crear una comisión de investigación por la participación de la Junta en la sociedad que vendió los terrenos al constructor. La oposición criticó esta actitud por entender que la investigación comportaría la presencia de ex consejeros de Medio Ambiente (María Jesús Ruiz y José Manuel Fernández Santiago) y de altos cargos regionales.

El PP replicó a esta acusación señalando que el PSOE frenaba la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués mientras permitía construir miles de viviendas en el ayuntamiento segoviano de La Granja, gobernado por los socialistas. A principios de diciembre una jueza de Ávila dictaba dos sentencias que anulaban la licencia de obras de la urbanización.